En 1916, en un juzgado rural del centro de México, se inició un pleito entre dos mujeres por la propiedad de una casa. Un asunto trivial si el contexto revolucionario no hubiera modificado la configuración del poder en la región. Muy pronto el conflicto adquirió una dimensión inesperada: dos jueces se enfrentaron, el gobernador del Estado trató de arbitrar y el caudillo de la región intervino mediante el ejército. Para el historiador es una oportunidad de entrar en una sociedad rural donde las relaciones de poder se ven perturbadas por la Revolución y las oportunidades que esta ofrece. Esta situación sin precedentes abre un camino para estudiar el funcionamiento de la administración judicial en aquellos tiempos difíciles y, como se verá, la imagen de un sistema judicial modernizado, autónomo y profesional resulta muy dañada.