La obra tiene como objeto de estudio la acusación popular española, institución que permite ejercitar a cualquier ciudadano la acción penal cuando se trata de delitos de carácter público, con independencia de su condición de ofendido (ex 101 y 270 LECrim). Se trata de una figura que cuenta con una larga trayectoria, aunque siempre ha estado en el ojo del huracán y rodeada de polémica; partidarios y detractores afloran tanto en la doctrina como en la práctica judicial. La acusación popular ha estado presente en el Derecho griego y en la República romana, períodos en los que se considera que su reconocimiento respondía a una exagerada preeminencia del individuo, correlativa a la pasividad del Estado en la Administración de la Justicia penal. A lo largo de la historia, solo en España se ha implantado un modelo de acusación popular que pueda considerarse puro. El modelo británico de acusación privada es más una realidad teórica que práctica; en Alemania e Italia surgieron vivos debates, pero sin apenas trascendencia legislativa; solo el influjo hispano en el área iberoamericana dejó vestigios, nunca comparables al modelo original. Las referencias legislativas a la acusación popular en la historia jurídica de España son muy numerosas; las Partidas, la Constitución de 1812, la Ley Provisional de Enjuiciamiento Criminal de 1872 y la Compilación de 1879 son ejemplos de ello. De esta última pasó sin alteraciones los aún vigentes artículos 101, 102 y 270 de la LECrim de 1882. Su reforzamiento en la actualidad ha venido a través del reconocimiento constitucional a través del artículo 125 CE, a pesar del cual, no se evita el principal problema que se ha mantenido desde la aprobación de la LECrim, que no es otro que su insuficiente regulación; nada se establece sobre su ejercicio, sobre sus límites objetivos y subjetivos tampoco sobre los requisitos procesales. Ha sido ineludible que fueran los Tribunales quienes vinieran a colmar las lagunas de la ley, pero tampoco así se ha