La Administración Pública es un conjunto de entes y órganos, cuyos actos se benefician de la autotutela, por lo que los mismos pueden ser revisados, modificados o revocados por ella misma, ya sea de oficio o a requerimiento, a través de la interposición de recursos de revisión, ante la mismo ente u órgano, o ante el superior o en quien el legislador haya depositado tal competencia, lo que es una expresión de la tutela de los actos en sede administrativa. Sin embargo, cuando esa facultad es cuestionada por un órgano de la misma Administración ante otro Poder del Estado se quebranta el Principio de Unidad de la Administración, comprometiendo la responsabilidad patrimonial del Estado y violentando la división de poderes sobre el que se organiza el Estado. En ese sentido, esta investigación analiza el impacto en la estructura del Estado dominicano de las demandas incoadas por el Ministerio de Educación contra las decisiones de impugnación de la Dirección General de Contrataciones Públicas, órgano rector del sistema y responsable de la tutela de los actos en materia de compras y contrataciones del Gobierno Dominicano, lo que crea incertidumbre en los operadores que intervienen al requerir a los tribunales que intervengan en una situación que a todas luces corresponde ser resuelta a lo interno de la Administración, desconociendo que el interés principal del Estado es tutelar derecho de los administrados y garantizar el interés general.